Reclama medidas urgentes de choque para paliar el impacto del estado de alarma
La asociación Frozen España, que aúna a más de 200 empresas del sector del congelado, pide al gobierno la adopción medidas urgentes de choque para paliar el impacto de la declaración del estado de alarma y la paralización empresarial.
“Desde la Asociación Frozen España apelamos a la sensibilidad del Gobierno así como a la urgencia en la toma de medidas y decisiones para paliar los efectos de esta crisis, en la que la solidaridad de todos marcará el antes y el después”, han apuntado en un comunicado.
La preocupación generalizada de los empresarios, distribuidores y fabricantes del congelado, viene a coincidir en la falta de adopción de medidas de choque que alivien la tensión de tesorería y la falta de ingresos que está provocando esta crisis generada por el coronavirus.
El sector de la distribución y fabricación de alimentos congelados y ultracongelados se ha visto especialmente afectado por el decreto del estado de alarma ya que ordena el cierre inmediato de establecimientos de comercio minorista de hostelería así como instituciones educativas (y sus comedores), aglutinando casi la totalidad de la cartera de clientes, que han tenido que suspender su actividad.
De este modo, los empresarios temen no poder hacer frente a la avalancha de impagos a proveedores, de clientes o incluso a sus propios empleados. Además, según informan desde la asociación, tampoco pueden “asegurar el cumplimiento de los plazos previstos para los expedientes de regulación temporal de empleo en cuanto su excepcionalidad requiere de la declaración de fuerza mayor por parte de la autoridad laboral que en este caso omite la norma publicada el pasado sábado”.
Por ello, la asociación solita al Gobierno la suspensión de las obligaciones de pago a la Administración, incluidos impuestos, cotizaciones sociales, así como las tasas de los autónomos que individualmente ejercen esta profesión, todo ello con la finalidad de minimizar el impacto de la paralización empresarial de comercios de hostelería y educativos que afecta de lleno a la actividad de distribuidores y fabricantes.
Asimismo, reclaman una bonificación de las facturas de suministros hasta que no se levante la situación de estado de alarma; la suspensión de pagos de pólizas mercantiles, de créditos o préstamos destinados a la financiación de la actividad empresarial; el establecimiento de un procedimiento ágil y rápido que flexibilice los requisitos de los ERTEs, para mantener los ingresos de las familias españolas y frenar el nefasto impacto de esta crisis en todo el tejido empresarial; y que urja a las autoridades laborales a la declaración de la situación como de fuerza mayor.